INJERENCIA ILEGAL DE GOBERNACIÓN EN ASUNTOS ELECTORALES: DIA

Demanda Manuel Camacho intervención del Consejo General del IFE

INJERENCIA ILEGAL DE GOBERNACIÓN
EN ASUNTOS ELECTORALES: DIA

• En entredicho el futuro de la democracia en México
  

Posicionamiento del licenciado Manuel Camacho Solís, en

nombre del Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA),

dado a conocer el 08 de marzo de 2010 ante los

consejeros del Instituto Federal Electoral

Consejero presidente del IFE:

Ciudadano Secretario Ejecutivo del IFE:

Acudimos ante ustedes a denunciar los hechos públicos y conocidos sobre la actuación del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el Secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miranda Nava, y su gobernador Enrique Peña Nieto, por haber intervenido en asuntos electorales que la Constitución y la ley prohíben. Ellos actuaron fuera de su competencia, contra la ley, al haber participado en el acuerdo secreto para impedir las alianzas electorales entre partidos políticos nacionales que la ley permite y de esa manera intentar coartar la libre manifestación de la voluntad ciudadana en las próximas elecciones para gobernador de ese estado en 2011.

Los partidos políticos están en libertad de aliarse, o de no hacerlo; pero los funcionarios de gobierno no pueden intervenir en actividades electorales. Ese es el principio sobre el cual descansa la transición democrática y el objetivo principal de las luchas democráticas que derivaron en la reforma a la Constitución y a la ley electoral de 1994 –precisamente las que iniciaron la autonomía del IFE- y las de 1996 que hicieron posible la alternancia en 2000. En ese año, el poder se pudo transmitir de manera pacífica gracias a la aceptación de ese avance por todos los partidos políticos, incluido el PRI; así como del entonces Presidente de la República.

Los hechos que denunciamos violan la ley y echan por tierra esos importantísimos avances. Aceptarlo sería hacerse de la vista gorda ante el retroceso democrático. Sería, a los ojos de todos, confirmar que en nuestro país se viene gestando un proceso de restauración autoritaria. Es nuestro deber denunciarlo; el de ustedes, impedirlo.

Nuestro propósito no es generar un escándalo ni un conflicto adicional en una República que está aturdida por la crisis económica, la violencia y la impunidad. Tampoco dañar los prestigios de los funcionarios. Recurrimos al IFE y no a la PGR. En vez de generar un conflicto, lo que queremos es abrir una ventana de oportunidad para que ustedes, los consejeros, el Jefe del Poder Ejecutivo, el Congreso, los partidos políticos y la opinión pública cerremos en definitiva la intervención de los funcionarios públicos en los procesos electorales, sin importar su jerarquía.

Fernando Gómez Mont es un profesional respetado, pero como Secretario de Gobernación no puede intervenir en los procesos electorales, ni comportarse como lo hizo al ayudar directamente a un partido político, en este caso al PRI. Enrique Peña Nieto es un gobernador con realizaciones y que ha construido una plataforma nacional, pero no puede esperar que los partidos políticos de oposición aceptemos que coarte nuestros derechos, ni que los ciudadanos acepten como legítimo que haya él apoyado que a la gente le subieran el IVA con tal de asegurar su tránsito a la candidatura presidencial.

Si todos actuamos con mesura y responsabilidad, le evitaremos a México muchos problemas y abriremos el camino para la relegitimación de las instituciones democráticas que habrán de reconstruir a nuestro país. Está en su esfera de competencia fijar una posición inequívoca y con ello ganarse el prestigio que se necesita para ir a una elección libre, equitativa y legítima en 2012. Nuestro interés, insisto, está en que se respete la ley y recuperemos los acuerdos de hace quince años, para que los ciudadanos puedan escoger con libertad a la mujer o al hombre que será su próximo presidente.

En México están ocurriendo cosas muy graves, pero la peor es que nos estamos convirtiendo en un país sin consecuencia. Nada pasa al final, todo se remite al consabido: “se investigarán los hechos”. En este caso, el hecho está confirmado; los funcionarios responsables han aceptado su participación. Lo que toca ahora es actuar. Está en sus manos hacerlo. Háganlo sin temor y sin odio. Lo que está de por medio es el futuro de la democracia: impedir desde ahora que se consume una restauración autoritaria.